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“La
teoría del consentimiento informado constituye una injerencia
intolerable de la sociedad y, sobre todo, de los legisladores y
los jueces, en la actividad médica profesional, porque atribuye
a los médicos unas obligaciones ajenas al sentido de su profesión,
la cual consiste solamente en buscar a toda costa la salud y la
protección de la vida de los pacientes”.
Esta objeción suele ser formulada por aquellos médicos
que siguen pensando que son las propias profesiones las que deben
definir la totalidad del contenido de sus obligaciones morales,
y que nadie debe intervenir en tal formulación, porque es
una cuestión interna a la propia estructura de la profesión.
Por tanto, ni la sociedad, ni los legisladores, ni los jueces, tienen
derecho alguno a inmiscuirse en la definición de los deberes
de los médicos. La aplicación rigurosas de esta tesis
llevaría a la idea clásica, de que no se pueden exigir
responsabilidades legales a los médicos, sino solo morales
o deontológicas profesionales.
El sustrato filosófico que hay debajo de la idea de injerencia
es el de la beneficencia paternalista.
La modernidad introdujo la idea de que los seres humanos son autónomos,
y a partir de entonces la sociedad a tratado de ir construyendo
mecanismos que les garanticen a los ciudadanos ser tratados como
tales en todos los ámbitos de la vida. El Derecho moderno
ha sido uno de esos mecanismos que ha tomado sobre sí la
tarea de indicarles a los profesionales que sus deberes no pueden
construirse sobre otra base que no sea ésta.
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